Derechos indígenas nacionales

La situación de los pueblos indígenas varía conforme a las circunstancias locales y nacionales. La jurisdicción nacional y el anclaje de los derechos indígenas en la Constitución son decisivos para el respectivo contexto.

En América Latina, Colombia asume un rol pionero en el reconocimiento de los derechos indígenas a partir de la adopción de una nueva Constitución en 1991. Otros ejemplos que merecen destacarse son Ecuador(2009) y Bolivia (2009), países que, con sus nuevas Constituciones, marcaron hitos en dicho reconocimiento, así como también Perú, donde, en el año 2011, se aprobó la primera Ley de Consulta Previa de América Latina.

La constitución colombiana, 1991

En el contexto de la intensa crisis estatal y social en Colombia, se instauró, a finales de 1990, una asamblea constituyente para reformar sobre esta base la Constitución de 1886. Los pueblos indígenas estaban representados en esta asamblea por tres representantes. El día anterior a que se instituyera la asamblea, la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y otras organizaciones de pueblos indígenas elaboraron documentos con sus posturas respecto de la futura organización de Colombia (MORA TORRES 2003: 42ff.). En este contexto se señaló que los pueblos indígenas, como minorías étnicas, no solo se distinguían por determinadas características culturales y étnicas, sino también por profundas particularidades en las condiciones humanas de vida y en la cosmovisión.

Las constituciones de Ecuador & Bolivia

En Bolivia, con la Ley de Participación Popular de 1994, y con las subsiguientes reformas, se reconocieron los distritos indígenas , las autoridades indígenas, las organizaciones autónomas (OTB) y los derechos de participación de todas las ciudadanas y ciudadanos de una comuna en sus organismos de autogestión. Con la s TCO (Tierras Comunales de Origen) se produjo la incorporación de territorios indíge nas autónomos en su gestión. La propuesta de una nueva constitución –actualmente en disputa- prevé un total reordenamiento.

En Ecuador, con la aprobación del Artículo 84 de la reforma constitucional de 1998, tuvo lugar el reconocimiento de los derechos colectivos y una larga lista de garantías.

Además, Bolivia (Reforma de 1995) y Ecuador (1998) se proclamaron “sociedades multiétnicas y pluriculturales“. Además, en estos países, se promulgaron otras leyes para el desarrollo de las comunidades indígenas (políticas públicas para los pueblos indígenas) y se crearon las correspondientes instituciones públicas. Sin embargo, el alcance de estas medidas es, hasta ahora, muy limitado. Se formularon objetivos, estrategias y planes de acción; pero su implementación no es satisfactoria.

Entre los impedimentos para la implementación de las leyes y medidas se encuentran a)carencia de conocimientos legales en una gran proporción de la población indígena, debido a la falta de información adecuada por parte de las instituciones estatales en los respectivos idiomas indígenas; b) conocimientos insuficientes de la administración estatal sobre la situación jurídica y falta de conocimiento de los idiomas indígenas; c) racismo generalizado y actitudes discriminatorias ante los indígenas −principalmente ante las mujeres1.

En ambos casos, los partidos y las organizaciones indígenas desempeñaron un rol central en la demanda y en el desarrollo de las nuevas Constituciones. En el caso de Ecuador también se definió en la Constitución el concepto del 'buen vivir'.

La primera Ley de Consulta Previa de América Latina, Perú 2011

En el año 1995 entró en vigor en Perú el Convenio 169 de la OIT. Desde entonces, el país fue muchas veces objeto de críticas de organizaciones nacionales e internacionales (p. ej. la OIT) de derechos humanos por la ejecución insuficiente de la consulta previa. En setiembre de 2011, Perú se convirtió sorpresivamente en un ejemplo en relación al derecho a la consulta previa. El nuevo presidente Ollanta Humala aprobó, poco después de asumir el cargo, una ley nacional de consulta, sentando así un precedente para toda la región.

La ley de consulta de Perú guarda una estrecha relación con las protestas indígenas. El presidente Alan García (2006-2011) impulsó políticas neoliberales y programas de privatización y fomentó la expansión de la industria extractiva en el país. Muchas de las nuevas concesiones mineras y petroleras coincidían con territorios indígenas, lo que llevó a una creciente movilización de las comunidades amazónicas y andinas. Las protestas se agudizaron luego de que García, en el marco del proceso de adaptación al Tratado de Libre Comercio con USA (2007) en pocas semanas sancionó más de 100 leyes por decreto. Muchos de estos decretos ley hallaron resistencia, debido a que los mismos afectaban directamente los derechos colectivos y las bases de subsistencia de los pueblos indígenas de Perú, pero estos no fueron consultados.

Poco después de los conflictos, el gobierno peruano creo, bajo la presión masiva de la opinión pública y siguiendo las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas, James Anaya, una plataforma oficial de diálogo con organizaciones indígenas. En el marco de esta plataforma deben elaborarse proyectos de ley para mejorar la situación de los pueblos indígenas. Uno de los grupos temáticos de trabajo (Mesa 3) recibió la tarea de formular el borrador de la ley de consulta de Perú. El 3 de diciembre de 2009, la Mesa 3 publicó su documento final conformado por 42 artículos.

El 19 de mayo de 2010, el congreso peruano aprobó una ley de consulta. Sin embargo, la ley de 20 artículos adoptada era mucho más corta y menos específica que la propuesta de la Mesa 3. Además, el texto de la ley no incorporó todos los acuerdos alcanzados dentro del grupo de trabajo. En casi todos los puntos de discordia, la fracción cercana al gobierno impuso su versión con una débil interpretación del derecho a la consulta previa, o formuló las partes correspondientes de manera muy general y abierta a otras interpretaciones. No obstante el debilitamiento, el presidente García vetó la ley de consulta. (Presidente de la República del Perú 21.06.2010).

Su sucesor Ollanta Humala derogó el veto, por lo cual en setiembre de 2011, el parlamento aprobó la Ley de Consulta (Nº 29875) casi sin modificaciones en relación a la ley del 19 de mayo de 2010. El anuncio de la ley se llevó a cabo en conmemoración a las víctimas de los violentos disturbios de 2009 en una ceremonia con simbología indígena en la ciudad de Bagua.

Poco después de que el presidente Humala aprobara la ley de consulta, se empezó a elaborar un reglamento de ejecución. El borrador del reglamento fue sometido al primer proceso de consulta que se inició en noviembre de 2011 y terminó en marzo de 20122.


1. Heidi Feldt & Juliana Ströbele-Gregro: Pueblos Indígenas y Conflicto, 2008. P. 11-12.

2. Almut Schilling-Vacaflor: El derecho a la consulta previa, 2013. P. 24-26.