Derechos de la niñez indígena

Los países de la Región Andina lograron avances significativos a nivel legislativo y constitucional en el ámbito de los derechos de niños y jóvenes indígenas, sobre la base de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Iván Egido realizó un estudio abarcador en el año 2012 sobre la implementación de dichos avances en Bolivia, Ecuador y Perú, cuyos resultados fueron los siguientes:

1. La situación de la salud de la niñez indígena, se mueve entre la ausencia y/o deficiencia de políticas de salud públicas por parte de los gobiernos; y la práctica cultural de los distintos pueblos indígenas complejizados, por los distintos intercambios culturales con la cultura “occidental”. Esto provoca una brecha significativa en la situación de la Niñez indígena con respecto a sus pares no indígenas, pues los primeros duplican a los segundos casi todos los indicadores y privaciones, como por ejemplo las tasas de mortalidad, desnutrición y retraso en el crecimiento, entre otros.

2. Siendo que los estándares de calidad de la educación en general, en los tres países es muy baja, y teniendo presente que en los tres países se han puesto en marcha, más de una década atrás, programas de Educación Intercultural Bilingüe – EIB, todavía se constatan grandes brechas en la calidad de la educación impartida en comunidades indígenas respecto al resto de la sociedad. Es más, algunos informantes opinan que la EIB ha tenido, en algunos casos, un efecto contraproducente al haber acrecentado la mencionada brecha.

3. En la región andina, particularmente en los países estudiados, el maltrato hacia la niñez y a la mujer, es secuela de una sociedad basada en relaciones patriarcales, y una historia colonial, en la que se establecieron formas de servidumbre y maltrato hacia los habitantes nativos. No obstante, esta última afirmación no niega la posibilidad de que las culturas indígenas también existieran relaciones desiguales y de subalternidad al interior de sus sociedades. Más bien quiere remarcar que la violencia ejercida hacia la niñez ha sido profundizada, en la mayoría de los casos, por el contacto intercultural. Así las cosas, la mayor preocupación, de los niños, niñas y adolescentes, cuando son consultados es el maltrato y la violencia, principalmente en el hogar, pero también en la escuela y la comunidad. En este contexto se caracterizan cuatro tipos de maltrato hacia la Niñez: i) El maltrato físico, ii) el maltrato psicológico, iii) la violencia sexual y iv) la negligencia. Los mismos que se agravan por: estar naturalizados como problemas de orden privado que tienen que resolverse al interior del hogar; por la poca o nula atención que brindan las instituciones y órganos de decisión en los pueblos indígenas a esta problemática; por la falta de acceso a la justicia ordinaria y los órganos de protección de la familia y la infancia; y por la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas a la presencia e influencia de economías y colectivos ajenos a su cultura, que producen trata y tráfico de menores, prostitución, entre otras problemáticas. Ante este panorama cabe resaltar las acciones positivas que se hacen para prevenir y sancionar estas vulneraciones hacia la niñez. Por ejemplo los que realizan los nuevos liderazgos de las mujeres indígenas, que asumen cargos de decisión en las organizaciones indígenas y van conociendo y atendiendo estos casos. También, es positiva la toma de conciencia en algunas organizaciones de pueblos indígenas sobre la importancia de proteger a los niños y escuchar su opinión sobre los problemas que les aquejan. De esta manera se inician procesos conducentes a desmontar muchos prejuicios y juicios falsos sobre una “cultura” que justifica o esconde el maltrato a la niñez y a la mujer.

4. El trabajo infantil, es otra problemática sobre la cual se empieza a reflexionar al interior de los pueblos indígenas, pues esta también se esconde en el manto cultural. No obstante, los pueblos indígenas junto con organizaciones promotoras de la erradicación del trabajo infantil como OIT y UNICEF han iniciado procesos mediate los cuales están acordando criterios para frenar el trabajo infantil, tales como la peligrosidad de las actividades que realizan los niños, o que estas sean un impedimento a su normal crecimiento y a la asistencia escolar, entre otros.

5. La situación especial de vulnerabilidad de la niña indígena, no es abordado ni por la política pública, ni tampoco por las instituciones de promoción de los derechos de la niñez (con excepción de Plan Internacional), y paradójicamente tampoco por las instituciones que promueven los derechos de la mujer. Respecto a la problemática del embarazo adolescente, por otra parte, se constata que la falta de información sobre los riesgos para la vida y salud de la madre y el neonato en las comunidades indígenas, es una de las principales causas para que todavía la proporción de embarazos adolescentes en las poblaciones indígenas duplique a las no indígenas.

6. En este contexto, se constata que los jóvenes indígenas son los que finalmente acumulan las privaciones y vulneraciones a los derechos fundamentales de la niñez indígena. En efecto, los representantes de organizaciones indígenas dan cuenta que los jóvenes indígenas dejan las comunidades pues no ven en los territorios indígenas oportunidades de tener una vida con condiciones mínimas de bienestar. En este contexto acontece la pérdida del vínculo con su territorio o en palabra de García Hierrola “desterritorialización” de sus proyectos de vida para disolverse en lo nacional de una manera marginal y excluyente. Esta crisis generacional, no obstante, ha servido para que muchas organizaciones de pueblos indígenas, tomen en serio las protecciones de sus poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la incertidumbre de no saber a quién legarán los logros históricos conseguidos por su generación en términos de derechos.

7. Las jurisdicciones indígenas, tiene un reconocimiento jurídico diferenciado en su alcance en los países estudiados. La constitución política, de Bolivia, por ejemplo, establece igual jerarquía entre esta jurisdicción y las otras; la ecuatoriana por su parte reconoce el derecho propio indígena para resolver conflictos al interior de sus territorios; y finalmente la peruana reconoce a la jurisdicción indígena dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario.

8. En los tres países la jurisdicción indígena tiene como límite de sus actuaciones el respeto de los derechos humanos y sus propias cartas constitucionales. Así como existen diversos pueblos indígenas, de igual manera existe una diversidad de formas como la jurisdicción indígena se manifiesta y funciona. Por ello el reto, como dice De Souza Santos2 es «partir del reconocimiento de la heterogeneidad interna y externa del derecho para, basándose en ese reconocimiento, crear mecanismos que permitan superar las contradicciones y coordinar las diferencias». En efecto, existen pueblos indígenas donde su potestad jurisdiccional es aplicada con mecanismos claros, y con pleno apoyo de sus miembros, si se lo compara con la justicia ordinaria; pero también se constata que en otros pueblos indígenas dichos mecanismos son todavía difusos o poco institucionalizados.

9. No obstante, lo común en las jurisdicciones indígenas es el permanente cambio e influencia de prácticas jurídicas «occidentales»; así como su opción por la conciliación en la solución de conflictos entre familias, dejando al ámbito privado los conflictos que surgen entre miembros de una misma familia. Este último elemento, es desventajosa para cualquier medida de protección integral de la niñez. Por ello, el momento actual se caracteriza primero por un amplio debate y reflexión en los tres países, sobre los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria que establezca claramente sus competencias, materiales, personales y territoriales, entre los gobiernos y las organizaciones de los pueblos indígenas; y segundo por una activa reivindicación de dirigentes indígenas mujeres que buscan hacer un tema de atención pública, en sus organizaciones, la violencia intrafamiliar.

10. En todo caso lo que sí parece claro, es que los límites para la jurisdicción indígena son los derechos humanos, con especial atención a salvaguardar el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de la esclavitud y el debido proceso, tal como estableciera la Corte constitucional colombiana en su Sentencia 349 del año 1996. En este contexto, la protección integral de la niñez fundado en el “interés superior del niño”; resulta ser una protección adicional, que establece los límites a la actuación de los administradores de justicia. No obstante, tal como recomienda la Observación General 11 de la Comisión de Derechos del Niño (2009), es imprescindible contextualizar ese interés superior en cada contexto cultural3.


  • 1. UNICEF, OIT & et al.: Trabajo infantil y niñez indígena en América Latina - Encuentro Latinoamericano Trabajo Infantil: pueblos indígenas y gobiernos.De la declaración a la acció, 2010.
  • 2. Boaventura de Sousa Santos & Agustín Grijalva (Ed.): Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador, Fundación Rosa Luxemburg, Abya Yala, Quito, 2012.
  • 3.  Ivan Egido: Situación de los derechos de la niñez indígena en la Región Andina, 2013.