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Red de observadores Consulta Previa A.Latina

La Red Observa está conformada por organizaciones de la sociedad civil que desde sus respectivos quehaceres han encontrado en la praxis de las consultas previas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, un elemento que impacta en el abanico más amplio de derechos de los pueblos indígenas, considerando importante observar su desarrollo en toda América Latina.

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Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas en Ginebra

Fue establecido a raíz del interés que el estudio presentado entre 1981 y 1984 por el Sr. Martínez Cobo, "Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas".

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Declaración derechos pueblos indígenas (UNDRIP)

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP) regula los derechos individuales y colectivos de los grupos indígenas y aborda también el rol de los Estados en relación a la implementación de estos derechos.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en septiembre de 2007 por su Asamblea General, con el apoyo de 143 Estados. Australia, Canadá, Nueva Zelanda y USA votaron inicialmente en contra de la Declaración, a causa de las disposiciones sobre el CPLI y el derecho a la autodeterminación, pero en el ínterin todos declaran también su apoyo a dicha declaración. Los Estados latinoamericanos aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, salvo Colombia que se abstuvo.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es jurídicamente vinculante, la misma tiene una gran importancia política, ya que, de todos modos “Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”. (Art. 43 de la Declaración). En Bolivia, la Declaración de las Naciones Unidas fue incluso aprobada como ley nacional y muchos tribunales constitucionales de América Latina, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se refieren a la misma en sus dictámenes.1


Nota 1: Almut Schilling-Vacaflor: El derecho a la consulta previa, 2013. P. 12.

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