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Boletín 20, Consulta Previa en América Latina Mayo-Julio 2016

Boletín No 20 Consulta Previa en América Latina Mayo- Julio de 2016

Editorial: Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígena,…. ¿al fin?

Colaboración de Sebastián Vargas

Tras 17 años de espera, el 15 de junio de 2016, la Organización de Estados Americanos finalmente aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Partícipe de su construcción, Héctor Huertas, indígena cuna de Panamá, calificó la decisión como el cumplimiento de “una deuda histórica” que la OEA tenía con los Pueblos indígenas de las Américas.

El establecimiento de un nuevo marco de relacionamiento entre los Estados y los Pueblos Indígenas en el continente y las referencias a los derechos a la libre-determinación, a las tierras, territorios y recursos, a la definición de modelos de desarrollo propios y al consentimiento previo, libre e informado, fueron considerados un avance por representantes indígenas y estatales de varios países. Para este sector, si bien la Declaración no es vinculante, su fuerza moral debería guiar las actuaciones de los gobiernos.

Los estados miembros de la OEA acogieron por unanimidad el contenido total de la declaración, salvo por las variopintas reservas del Estado de Colombia. Rememorando la abstención, “por razones de seguridad nacional” en la sesión de Naciones Unidas que aprobó la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas en 2007, los voceros gubernamentales volvieron ahora, paradójicamente en los preámbulos de la paz, a rechazar la desmilitarización de los territorios indígenas y el consentimiento previo, libre e informado. Pero n o solo eso: expresaron también su incomodidad frente a artículos relacionados con el derecho a la identidad, a la protección de los sitios sagrados y hasta al desarrollo de sistemas y medios de comunicación autónomos, entre otros.

En el fondo de estas objeciones, redactada a todas luces por antropólogos oficiosos y por tanto acríticos, subyace la advertencia tajante de que ninguna declaración internacional debería estar por encima del ordenamiento jurídico de los países; una posición que fue severamente criticada por los la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), al considerarla en contravía del Convenio 169, la Declaración sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros estándares internacionales.

Esta primacía de la normatividad de los Estados no fue exclusiva del gobierno de Colombia, por lo que al ser compartida por la mayor parte de los Estados, inspiró la redacción de cada uno de los artículos del documento, lo cual preocupa enormemente a quienes encuentran más retrocesos que avances en el mismo. Para el jurista español Bartolomé Clavero, la Declaración Americana es un intento solapado de reorientar hacia atrás lo que en 2007 se aprobó en las Naciones Unidas, en especial el acotamiento del derecho de autodeterminación, como si fuera este excesivo y la transformación del derecho sustancial a la consulta previa en un derecho subsidiario de la participación. Con este concepto, la autonomía indígena se reduciría a simplemente ejecutar lo que los Estados tienen a bien decidir y delegar.

Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano de Chile, es aun más enfática en su mirada crítica. La Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas es una frustración porque su contenido respondió más a " la presión ejercida por los Estados para salvaguardar intereses estatales" que propiamente los indígenas. El dedo en la llaga lo pone Yáñez en el espinoso tema de los territorios y los recursos naturales. Al señalar el artículo 24 que su propiedad, posesión o dominio se definirá conforme al ordenamiento jurídico de los Estados y que estos “establecerán los regímenes especiales apropiados para este reconocimiento y su efectiva demarcación o titulación”, lo aprobado en la OEA es completamente regresivo. Y la explicación es solo una: con el precepto de “terra nullius” o tierra de nadie, con que se despojo durante siglos, vuelve otra vez a negarse la ocupación preexistente de los pueblos originarios, dando preeminencia a la propiedad que reconozcan los Estados.

Boletín No 20 Consulta Previa en América Latina Mayo- Julio de 2016

Fuente: Red Observa

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